El Gobierno admite la “dudosa constitucionalidad” de las inmatriculaciones pero las da por buenas “salvo excepciones”

Redes Cristianas reúne a representantes del Ejecutivo, la Iglesia católica y la coordinadora patrimonialista Recuperando

 Madrid, 24 de octubre de 2022. El Gobierno reconoce que las inmatriculaciones eclesiásticas son de “dudosa constitucionalidad” porque concedía a la Iglesia una “forma privilegiada” de acceso al registro de la propiedad, pero da por buena su eficacia jurídica salvo en un puñado de bienes inscritos por error. Así lo manifestó esta mañana Alberto Herrera, subsecretario de Presidencia del Gobierno de España, en el curso de un debate organizado por Redes Cristianas, que contó también con la participación de Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y portavoz de la coordinadora Recuperando.

Herrera recordó que la polémica Ley Hipotecaria de 1946 permitía a los obispos inscribir bienes con su mera certificación y sin aportar títulos de propiedad, lo que ha permitido la inmatriculación de más de 100.000 fincas, edificios, templos, plazas, cementerios, casas y monumentos históricos. Y, aún admitiendo que las inmatriculaciones tienen visos de inconstitucionalidad, señaló que en todos estos años ningún tribunal lo declaró de forma expresa y, por tanto, han mantenido su eficacia jurídica.

El subsecretario de Presidencia aseguró que el Gobierno es el primero que ha logrado recabar un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, aunque limitado al periodo correspondiente entre 1998 y 2015, por lo que quedan fuera todos aquellos inscritos desde 1946. “Creemos en la política útil”, afirmó, “y eso no es compatible con resolver de forma rápida grandes problemas”, dijo para salir al paso de las exigencias planteadas reiteradamente por las organizaciones ciudadanas, decepcionadas con el Gobierno por haber incumplido sus promesas electorales.

Herrera también se refirió al informe pactado con la Iglesia católica, que incluye un millar de bienes inscritos de forma errónea a nombre de los obispos. “¿Esto significa que el asunto esté cerrado? En absoluto. ¿Ese millar de bienes son los únicos con problemas? No. Y esto no es un punto final”. Y anunció que el Gobierno va a “continuar desarrollando actuaciones” que favorezcan que el registro de la propiedad responda a la realidad de los títulos válidos.

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, intentó desmontar todo el argumentario empleado por las organizaciones ciudadanas patrimonialistas en su larga década y media de lucha civil por la recuperación de las inmatriculaciones. Las inscripciones episcopales “no son un privilegio franquista”, proclamó, porque la legislación hipotecaria nace a mediados del siglo XIX, y aseguró que la Iglesia está abierta a revisar “uno por uno” todos los registros para verificar su validez.

“La mayoría de los bienes son destinados a actividades de la iglesia y muchos han sido recibidos en donación”, señaló. Barriocanal cifró en 2.500 las “incidencias” detectadas por la Iglesia de bienes que no correspondían en realidad a los obispos o estaban duplicados. “Los bienes son del pueblo cristiano. No son del obispo”, enfatizó.

Ambos ponentes fueron replicados por Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y portavoz de la coordinadora Recuperando, con un argumento central: todas las inmatriculaciones han sido practicadas por una norma inconstitucional y, por tanto, son nulas de pleno derecho. Y afirmó dirigiéndose al Gobierno: “Que la política sea útil, pero además que sea justa”. Y lamentó que el Ejecutivo no haya formulado una declaración formal de nulidad. “Hay que preguntarse porqué. Y ahí está el inmenso poder fáctico de la Iglesia española”.

Rodríguez citó la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el caso de Ucieza como argumento jurídico de primer rango para sostener que las inmatriculaciones son “arbitrarias” y “nulas”. Y aseguró que el Gobierno puede usar un reglamento para declarar su inconstitucionalidad “como ya hiciera Aznar en 1998” para ampliar la capacidad eclesiástica de inscribir a los templos de culto. El representante del Ejecutivo negó, en cambio, que la administración pública dispusiera de esa capacidad normativa.

Alberto Herrera anunció públicamente que el Gobierno está dispuesto a reunirse con la coordinadora Recuperando, quien se quejó en el marco del debate de haber sido marginada de las negociaciones entabladas en los últimos años con la Iglesia católica para afrontar la polémica de las inmatriculaciones.