Redes Cristianas apoya con su firma la carta dirigida al Presidente del Gobierno sobre la justicia fiscal
Pedro Sánchez Castejón, Presidente del Gobierno de España
CC/
Nadia Calviño Santamaría, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Yolanda Díaz Pérez, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social
Teresa Ribera Rodríguez, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Ione Belarra Urteaga, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030
ASUNTO: Reforma del marco de gobernanza económica de la UE.
Estimado Sr. presidente,
El Gobierno español tiene una oportunidad este año para promover un nuevo marco fiscal en la Unión Europea que refuerce la capacidad y suficiencia fiscal de los países para promover una transición ecológica justa y garantizar los derechos sociales básicos para todas las personas. Asimismo, el marco fiscal debe ser un pilar para avanzar en una nueva economía más justa, democrática y equilibrada con los objetivos climáticos y de biodiversidad. Volver al marco de la austeridad no es una opción, pero tampoco lo es volver a la casilla de salida de la promoción de burbujas económicas resultantes de mercados desregulados que no responden al interés general y que causan el agravamiento de las crisis ambiental y climática.
Desde 2020 ha estado suspendido temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, uno de los pilares centrales del marco fiscal europeo[1]. Los Estados Miembros acordaron con la Comisión Europea activar la “cláusula de escape” para permitir una respuesta sanitaria, social y económica suficiente frente a la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania. La suspensión de las reglas fiscales ha permitido una respuesta alejada de las medidas de austeridad que imperaron tras la crisis de las Subprime (2008) y del Euro (2012).
La Comisión Europea presentó el pasado 9 de noviembre de 2022 su Comunicación sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE[2]. Un documento que reúne las líneas maestras para una adecuación de las reglas fiscales y que serán obligatorias en todos los países de la Unión a partir de 2024.
Las organizaciones firmantes instamos encarecidamente a superar el marco vigente por sus negativas implicaciones a la hora de hacer frente a la crisis ecológica y de desigualdad. La respuesta a los retos actuales exige instrumentos basados en una noción holística de estabilidad, equilibrio y riesgo que incluya indicadores sociales, climáticos, ambientales, epidemiológicos y de cuidados. En ese sentido, debe superarse el paradigma del crecimiento económico ilimitado, del gasto público indiscriminado e incoherente y de los objetivos macroeconómicos restrictivos, y establecer mejoras en la gestión de las cuentas públicas más allá de medidas arbitrarias como el mantener la deuda pública de los Estados Miembros por debajo del 60% de su PIB y el déficit público por debajo del 3%.
Como sociedad civil organizada alertamos de la trascendencia de este proceso y sus potenciales consecuencias para la ciudadanía y pedimos un amplio debate social en el que participar.
Les trasladamos nuestra valoración de la Comunicación de la Comisión y una serie de propuestas de mejora para alimentar la labor del Gobierno, en especial durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
Puntos positivos de la propuesta de la Comisión
- Otorga más flexibilidad y diferenciación entre países respecto a las anteriores reglas. España podría ser uno de los países que podría solicitar tiempos más dilatados (hasta siete años) para alcanzar un equilibrio fiscal.
- Reconoce la necesidad de una mayor capacidad y suficiencia fiscal pública para hacer frente a los retos actuales de cara a una transición ecológica y justa.
Permite a los Estados elaborar y negociar sus propios planes, teniendo en cuenta las necesidades y las políticas por las que apuesta cada Estado Miembro.
Elementos de mejora necesarios para una Europa más justa, ecológica y solidaria
A pesar de estos avances, las organizaciones firmantes consideramos que el planteamiento de partida debe ser mejorado considerablemente. Para ello, trasladamos una serie de propuestas:
- Dotar a la tramitación, aprobación y revisión de los planes de ajuste y de las reformas de una legitimidad democrática plena. Para ello debe incorporarse al proceso de negociación un debate parlamentario y ser flexibles a los cambios de gobierno y a los nuevos proyectos políticos derivados del voto ciudadano, y evitar con ello un menoscabo democrático.
- Garantizar la coherencia con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París en relación con la limitación del 1,5º de aumento de temperatura, con los objetivos de biodiversidad comprometidos en la cumbre de Montreal y los derechos recogidos en la carta social europea. En este sentido, es necesario evitar un crecimiento indiscriminado del PIB en contra de estos objetivos e incorporar a todos los planes y medidas económicas el principio de Do Not Significant Harm[3] y un análisis de impacto ex-ante (económico, social y ambiental) que permita valorar los diversos escenarios.
- Incorporar una noción más omnicomprensiva de estabilidad de las cuentas públicas y de equilibrio fiscal con la incorporación del riesgo ambiental y climático y de superación del PIB como proxy de prosperidad y bienestar. Unas cuentas públicas “saludables” y “equilibradas” lo serán si garantizan la calidad e inclusión del empleo, la reducción de la pobreza y la desigualdad y la calidad del medio ambiente y la reducción de emisiones[4]. Para ello, debe incorporarse al seguimiento del cumplimiento de los planes indicadores ambientales, climáticos, sociales, feministas y de “más allá del PIB”.
- Garantizar un espacio fiscal suficiente para hacer frente a una transición ecológica justa y democrática y garantizar el bienestar de las personas en sus derechos más esenciales de acceso a una salud y educación de calidad y protección social. Se deben incentivar aquellas inversiones públicas que reduzcan los riesgos climáticos futuros y ayuden a mitigar sus efectos.
- Incluir metas de presupuestos “verde” y “lila” en las reformas de los planes fiscales-estructurales nacionales y en las recomendaciones específicas. A su vez, deben establecerse medidas que eviten el “greenwashing” o “purple washing” y evalúen de forma transparente la eficiencia de los programas de gasto, la fiscalidad y su grado de alineamiento con los objetivos de transición y bienestar. Un ejemplo de ello sería la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a las industrias y sectores no alineados con los objetivos ambientales y sociales.
- Impulsar una mayor progresividad fiscal y cierre de los agujeros fiscales -hacia dentro y entre los países- con el objetivo de mejorar los servicios sociales y el bienestar de la ciudadanía. La deuda, y sus implicaciones para las futuras generaciones, no debe ser la solución alternativa a la insuficiencia fiscal. Esta reforma fiscal debería pivotar sobre medidas que refuercen la suficiencia y la progresividad tributaria, con foco en: reformar el Impuesto de Sociedades, abordando las múltiples deducciones y bonificaciones de las que se benefician las grandes empresas; reforzar el Impuesto a los Beneficios Extraordinarios, y que se convierta en una medida de carácter permanente y se amplíe a todos los sectores, gravar las rentas del capital, y romper con su trato favorable respecto a las rentas del trabajo, y acabar con la dualidad injusta del IRPF; reformar el impuesto del Patrimonio, para que contribuya a conseguir la finalidad distributiva; ampliar la fiscalidad verde que incluya medidas de compensación para las rentas más bajas; y, por último, priorizar la lucha contra la elusión y la evasión fiscal por parte de las empresas y las personas más ricas, y actualizar los criterios para determinar qué países deben formar la lista de paraísos fiscales de la UE y del Estado español.
- Incluir en los planes de cada país medidas específicas de carácter fiscal que refuercen tanto la suficiencia como la progresividad tributaria y la fiscalidad verde. Para ello se debe incluir algún tipo de indicador de progresividad fiscal, de tal manera que se asegure que el incremento recaudatorio no recaiga de manera desigual sobre la ciudadanía. Por otro lado, se debe exigir coherencia en los planes y evitar que la generación de deuda esté acompañada de la elusión y la evasión fiscal.
- Establecer mecanismos de auditoría, control y escrutinio público sobre la calidad y coherencia del gasto, la legitimidad de la deuda y establecer salvaguardas anticorrupción. El espacio fiscal que se genere no debe ser derrochado en pro de un mayor gasto militar y de la ampliación de la infraestructura fósil y nuclear. Asimismo, el respeto de los requisitos y recomendaciones anticorrupción, así como las indicaciones y resoluciones del Tribunal de Cuentas y el Tribunal Europeo de Cuentas, deberían ser un requisito previo para la aprobación de los planes de cualquier Estado miembro.
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes pedimos al Gobierno que lidere una reforma del marco fiscal que refuerce la democracia, el bienestar y un medio ambiente sano y en equilibrio. Debemos pasar definitivamente la página de la austeridad y abrir paso a la construcción de una economía más justa, resiliente, al servicio de las personas y dentro de los límites del planeta. Europa tiene una deuda ecológica y de desigualdad que es urgente resolver. Nos va el futuro en ello.
Le saludan atentamente,
Ecologistas en Acción
Observatori del Deute en la Globalització
Oxfam Intermón
Greenpeace
Futuro en Común
Plataforma por la Justicia Fiscal
UGT
CCOO
USO
Confederación General del Trabajo (CGT)
Federación de Consumidores y Usuarios – CECU
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España
Amigos de la Tierra
WWF España
SEO/BirdLife
ECODES
Asociación Ciencias Ambientales
Economistas sin Fronteras
Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás
Fòrum de la Nova Ruralitat
REVO Prosperidad Sostenible
Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal – INCIDEM
Alianza por la Solidaridad-ActionAid
Fundación World Vision International
Red de ONGD de Madrid
FACUA Andalucía
Movimiento por la Paz -MPDL-
Fundación Vida Sostenible
WILPF España. Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad
[1] El Tratado de Maastricht de 1992 requería de los miembros, existentes y futuros, límites arbitrarios de deuda y déficit público de, respectivamente, 60% y 3% del PIB de un país. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), promulgado en 1997, elaboró más estas reglas y sus mecanismos de aplicación.
[3] El Principio DNSH (Do No Significant Harm) es una condición definida por la Comisión que obliga a realizar una autoevaluación que asegure que la inversión o reforma no afecta negativamente a uno, o varios, de los 6 objetivos medioambientales definidos en el Reglamento 852/2020: Mitigación del Cambio Climático.
[4] El cambio climático y la alteración de la biodiversidad suponen un riesgo sistémico con implicaciones directas en las cuentas públicas y la deuda de un país, tal y como señala el informe “From Maastricht to Paris | Finance Watch”
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