Más de ochenta organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas de base,

entre las que se encuentra Comunidades Cristianas Populares de Zaragoza,

muestran su apoyo al pueblo nicaragüense

“La Paz es fruto de la Justicia”

Profundamente consternados por la intensificación de la deriva autoritaria y despótica que ha tomado el gobierno de Nicaragua tras la proclamación de Ortega el 10 de enero de 2022, después de reelegirse en una farsa electoral el pasado 7 de noviembre con un altísimo nivel de abstención electoral, en medio de un reclamo nacional e internacional por su ilegitimidad, y especialmente preocupados por las personas presas políticas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos religiosos de base, personas creyentes y no creyentes solidarias, hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantener el apoyo y la solidaridad con el pueblo nicaragüense, y a intensificar las acciones civiles y diplomáticas de presión al gobierno Ortega-Murillo.

Destacamos en primer lugar la crueldad y las torturas, que forman parte de la política a las que están sometiendo a más de 170 presas y presos políticos, de los cuales más de 35 se encuentran bajo el régimen de aislamiento en las cárceles del Chipote. En ese régimen murió bajo custodia policial en febrero de este año el general en retiro Hugo Torres, un exguerrillero sandinista, héroe en la lucha contra la dictadura de Somoza. Tras la muerte de Torres, el régimen se vio obligado a trasladar bajo arresto domiciliario a siete presos políticos de edad avanzada que padecen de enfermedades crónicas, pero más de quince presos políticos en esa misma condición continúan en las cárceles.

En la primera semana de mayo se inició la séptima visita a los presos políticos en más de diez meses en la cárcel del Chipote. La primera visita fue autorizada el 31 de agosto de 2021, después de que Amnistía Internacional hiciera público su informe sobre los Detenidos Desaparecidos en Nicaragua, ya que los familiares llevaban más de 80 días sin saber dónde estaban. Cuatro presas políticas: Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona, han sido mantenidas en celdas de confinamiento solitario. Otros presos están en celdas compartidas, pero bajo condiciones de aislamiento. Ninguno tiene acceso a la lectura, ni siquiera a una Biblia, o un papel y un lápiz. Tampoco tienen garantías de recibir alimentación de sus hogares, y han sufrido pérdidas de peso que van de 20 a 60 libras con graves daños para su salud física y mental.

Los malos tratos, las condiciones carcelarias y la indefensión ante juicios amañados, violan las normas más elementales de los derechos humanos y crean situaciones trágicas en sus familiares, muchos de los cuales para proteger sus vidas han tenido que huir del país, continuando así el éxodo masivo que desde el año 2018 ha llevado al exilio a Costa Rica, España, Panamá y a EEUU. Los juicios amañados con falta de pruebas que avalen las condenas a las que son sometidos los privados de libertad, hablan de un sistema jurídico orientado a defender el poder, sin respeto a la Constitución y al Estado de Derecho.

La situación está empeorando gravemente por el asedio al que está sometido todo el pueblo. El control de la policía, los viejos militantes sandinistas convertidos en “soplones” y paramilitares no permiten reuniones de ningún tipo, observan las acciones de los ciudadanos poniendo en peligro de arresto carcelario a toda persona que tenga un signo o haga acciones que puedan identificarse con una simple crítica al régimen o se manifieste solidaria con la oposición. El país es una cárcel. Los líderes que se perfilaban como posibles candidatos de las pasadas elecciones del 7 de noviembre todos fueron tomados presos, o tuvieron que huir por veredas del país. La gente más capacitada y valiosa ha salido del país, especialmente los jóvenes. Se han cerrado más de 200 ONGs y el Régimen controla minuciosamente todo dinero que entra en el país. Empleados de estos organismos han quedado sin trabajo aumentando así los niveles de pobreza que pasan del 60 %.

Las nuevas leyes promulgadas por la Asamblea Nacional están destinadas a ejercer un gran control, especialmente al periodismo independiente. Han cerrado y nacionalizado centros informativos como “100% Noticias”, un canal cercano al sandinismo y varias emisoras de radio han salido del aire por la represión. Su director, Miguel Mora Barberena, está preso por aspirar a candidatearse a la presidencia en las pasadas elecciones. La misma represión se ha dado contra la Iglesia católica ahora acusada de golpista, varios sacerdotes tuvieron que salir por veredas al extranjero y el obispo auxiliar de Managua fue requerido por el Papa, le pidió que abandonara el país para salvar su vida: “no quería un mártir más en Centroamérica”, afirmo Francisco.

En los últimos tres meses se produjo la expulsión del nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, que era el único canal de comunicación del régimen con la comunidad internacional. Fue declarado persona non grata el embajador de Colombia, y se le impidió regresar al país a la embajadora de España. También fue expulsado el representante de la Cruz Roja Internacional, a quién nunca se le permitió entrar a la cárcel del Chipote.

Entre otros hechos más recientes está el asalto a las oficinas de la OEA en Managua que tiene un enorme simbolismo político por el ataque a la Convención de Viena y representa un desafío continental. Pero no es un hecho aislado, sino que forma parte de la escalada de provocaciones que se agravó después de la farsa electoral y del desconocimiento internacional de la reelección de Ortega por más de 50 países.

Con Ortega y Murillo no hay vuelta a la normalidad, sino más bien un statu quo de Estado policial, sin libertades democráticas, en el que intentan imponer una dinastía familiar a costa del deterioro creciente de la economía. El dilema que enfrenta hoy Nicaragua ante la radicalización del régimen es someterse o resistir. La decisión de ponerle límites y frenos a la tiranía para recuperar gradualmente las libertades entraña enormes riesgos, pero sobre todo requiere la coordinación de la población en resistencia con el apoyo de la comunidad internacional. Es el único camino que permitirá acumular mejores condiciones políticas para conquistar, a mediano plazo, la suspensión del estado policial y la salida de Ortega y Murillo del poder, para iniciar la transición democrática.

Quienes apoyamos esta carta estamos radicalmente en contra de las imposiciones neocoloniales que está haciendo el Imperio en diferentes partes del planeta. Esto es siempre condenable y rechazable. Pero esta condena no justifica ni legitima, en modo alguno, el hecho de que, con este pretexto, se impongan sobre el pueblo otras tiranías nacionales y domésticas. Desde este posicionamiento, exigimos la libertad de los presos políticos junto con las libertades de movilización, de organización, de expresión y el fin del estado policial. Constatamos que Ortega y su esposa y vicepresidenta Murillo continúan rechazando una solución pacífica y democrática negando las propuestas realizadas de reforma electoral que garantizarían crear las condiciones para unas elecciones libres, transparentes y observadas por organismos internacionales que nos permitan vivir en justicia y fruto de la justica que llegue la paz.

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