sugerente reflexión de José Arregui
En octubre de 2022 entró en vigor en el Estado español la “Ley Orgánica de garantía de la libertad sexual”, más conocida como “ley del solo sí es sí”. En ella, todo acto sexual sin consentimiento pasa a ser considerado delito de agresión sexual, eliminando la figura del mero “abuso”. La ley incluye todas las violencias ejercidas contra la mujer por el hecho de serlo. Refuerza las medidas de protección a las víctimas, en particular a la mujer, y se establecen medidas de protección especial para las niñas y niños. Adopta medidas de lucha contra el negocio de la prostitución. Pone el énfasis en la educación afectivo-sexual y en la efectiva igualdad de derechos, recursos y oportunidades de todas las personas independientemente de su identidad de género.
Una ley necesaria, y creo que muy acertada en su filosofía de fondo y en su articulado concreto. Una ley aprobada por una amplia mayoría del Congreso español. Una ley celebrada con práctica unanimidad por las víctimas de toda clase de violencia sexual, en particular por las mujeres, hasta que… Hasta que algunos condenados de acuerdo con la ley anterior empezaron a ver reducidas las penas o incluso a abandonar la cárcel, aprovechando un resquicio (¿inadvertido?, ¿inoportuno?) presente en la nueva ley. Y cundió la “alarma social”, torticeramente provocada o jaleada por la derecha política con todos los medios a su alcance. No le importa defender a las víctimas, sino desgastar al Gobierno de la izquierda social. La rebaja de las penas de cárcel no es más que un pretexto y una burda manipulación de las víctimas –y de los victimarios– en nombre de la justicia. Y van camino de lograr su bajo propósito.
Hay razones para estar preocupado. Como tantos ciudadanos de a pie, miro perplejo cómo unos jueces rebajan las penas y cómo otros, en casos idénticos o análogos, no lo hacen, y no puedo dejar de preguntarme: ¿será que la ley es tan torpe o será que los jueces no son tan imparciales? Tampoco acierto a ver cuál sería la mejor forma de retocar o de reformar la ley, ni siquiera estoy de la necesidad de ningún toque o reforma, salvo que sea para no proporcionar armas o argumentos a la oposición. Mientras tanto, saltan a la vista los conflictos de intereses partidistas – evidentes incluso en el seno del Gobierno de coalición, para desengaño de sus votantes, regocijo de la derecha y perjuicio del bien común de la mayoría de la gente– en esta múltiple precampaña electoral en marcha.
